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Los cargos públicos deberán firmar 20 principios éticos

La Ley del Buen Gobierno regula el régimen de regalos, viajes y gastos de representación de políticos y altos funcionarios.

El Consejo de Gobierno ha analizado y aprobado de manera inicial el Anteproyecto de Ley de Buen Gobierno y del Estatuto del Cargo Público de la Comunidad, uno de los compromisos de la Iniciativa Integral de la Transparencia.

La Ley de Buen Gobierno y del Estatuto del Cargo Público, elaborada por la dirección general de Participación Ciudadana, se estructura en siete títulos en los que se contienen un Código Ético y de Buen Gobierno, el Estatuto a aplicar a los cargos públicos, el régimen de conflicto de intereses y de incompatibilidades y la regulación de las declaraciones patrimoniales y de bienes que deben realizar los cargos públicos. Además, se prevé la creación de órganos de control de estas medidas, así como un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las mismas.

Entre las novedades destaca que la norma no se limita a los altos cargos de la Administración regional, sino que se aplicará a un concepto más amplio de cargo público en el que, además de a los miembros del Gobierno, se extenderá a todo el personal directivo del sector público autonómico, los gerentes de las entidades públicas, organismos autónomos, y fundaciones, entre otros. Además, el Código Ético se aplicará también a los funcionarios de mayor rango, como los vicesecretarios y los subdirectores generales.

Rango de Ley

En relación con el Código Ético y de Buen Gobierno, se trata de la primera vez que en España se crea un código ético y se le otorga rango de Ley. La finalidad es que su cumplimiento no sea de carácter voluntario, sino de obligado cumplimiento para los políticos, y que contenga sanciones contundentes en caso de incumplimiento. Así, todos los cargos públicos de la Comunidad deberán conocer y firmar este Código ético en el mismo momento de su toma de posesión.

El Anteproyecto prevé que los cargos públicos asuman un total de 20 principios éticos y de buen gobierno, como el respeto a los valores y principios democráticos, la dedicación plena y la profesionalidad, la responsabilidad y eficacia en el cumplimiento de objetivos, la lealtad institucional y la colaboración, la neutralidad y objetividad, la eficiencia y austeridad en la administración de recursos públicos, la honorabilidad, ejemplaridad y honradez, la transparencia y la participación, la confidencialidad y la prudencia, así como la formación permanente para la mejora en la gestión.

Dentro de las medidas concretas se incluye la prohibición del trato preferente o privilegiado a personas o entidades dedicadas a actividades de lobby. Asimismo, se establece que los cargos públicos no pueden influir en los empleados públicos para agilizar trámites administrativos en beneficio propio, y que asumirán un compromiso por escrito de velar por el patrimonio cultural y por el medio ambiente en todas sus actuaciones.

Igualmente, se establece que los cargos públicos deben ser ejemplares en su actuación y que no podrán invocar su condición para obtener en cualquier ámbito un trato más favorable que el resto de la ciudadanía, y que deben asumir un compromiso de mejora continua en el ámbito de la transparencia.

 

También será obligatorio dar una respuesta ágil a las solicitudes de los ciudadanos, así como implicarlos en el diseño de las políticas públicas, y se establece que los cargos públicos deben asumir la responsabilidad de sus decisiones sin derivarla hacia sus subordinados sin causa objetiva.

 

Viajes y regalos

Además, se regula de forma detallada el régimen de regalos, viajes y gastos de representación de los cargos públicos. En esta materia, entre otras medidas, se prevé que ningún cargo público podrá aceptar regalos y, en caso de recibirlos tendrá la obligación de devolverlos. Si esta devolución no fuese posible, deberá comunicarlo a la Oficina de Transparencia, que se hará cargo del mismo. Como excepción, se permiten las muestras habituales de cortesía social, siempre que tengan un valor inferior a 90 euros.

 

Respecto a los viajes que realicen los cargos públicos, se publicará en el Portal de la Transparencia una relación de todos los que se hagan fuera de la Región de Murcia, indicando el motivo y justificación del viaje. Finalmente, se establece que ningún cargo público podrá tener tarjetas de crédito como medio de pago de los gastos que origine el ejercicio de sus funciones.

 

Obligaciones con el patrimonio

Finalmente, la Ley prevé el cumplimiento por parte de los cargos públicos de una serie de obligaciones formales relacionadas con su patrimonio.

 

Así, se establece que los cargos públicos deberán realizar declaraciones de intereses y actividades, que serán publicados en el Portal de la Transparencia.

 

También deberán realizar una declaración patrimonial que comprenda la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y rentas. Estas declaraciones serán publicadas también en el Portal de la Transparencia.

 

 

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