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El Gobierno crea la Agencia Vasca de Transparencia, que se llamará Gardena

El Gobierno vasco ha aprobado en su Consejo del martes 16 de septiembre el proyecto de Ley de Administración Pública, que será remitido al Parlamento para su debate y aprobación. Como novedad, el Ejecutivo plantea la creación de la Agencia Vasca de Transparencia, que se llamará Gardena y que permitirá presentar un recurso a los ciudadanos que soliciten datos a la Administración y no reciban respuesta en 15 días.

 

Gardena se configura como "un órgano independiente" del poder político, según el Gobierno. Estará presidido por "un profesional de reconocido prestigio y competente" propuesto por el consejero de Administración pública, aunque su mandato, de cinco años, no coincidirá con las legislaturas políticas. En este consejo participarán miembros del Parlamento, del Ararteko y del Tribunal de Cuentas, así como representantes del Gobierno, de las diputaciones y de los ayuntamientos.

 

Según ha explicado el portavoz y titular de Administración Pública, Josu Erkoreka, en caso de que el Gobierno deniegue una información pública el ciudadano podrá recurrir a Gardena. También lo podrá hacer en caso de que quien le cierre la puerta sea un ayuntamiento o las diputaciones. Gardena asume así las competencias de la agencia estatal creada en 2013 al abrigo de la Ley de Transparencia.

 

La Ley de Administración Pública incorpora también otros aspectos ya conocidos, como la obligación del Gobierno de dar"publicidad activa" a determinados datos públicos (sueldos, contratos, subvenciones, etc.) siempre que no estén condicionados por la ley de protección de datos o por motivos de seguridad. Asimismo, exige a sindicatos, patronales y partidos que revelen todas las subvenciones públicas que reciben.

 

Por otro lado, se regula la denominada "Iniciativa Reglamentaria Popular", muy similar a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que permitirá a quienes tengan "la condición política de vascos" elevar propuestas políticas al Gobierno. De momento no se ha concretado el número de firmas necesarias para poder presentar estas iniciativas, paso que se pospone para un desarrollo legislativo posterior.

 

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